EMILIANO ZAPATA, Hgo.- (Diciembre 14, 2007) Luego de que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) rechazó la Cuenta Pública 2006 de la administración municipal que preside el perredista Bulmaro Torres Rosales, ahora el alcalde tendrá que enfrentar un proceso judicial por el presunto delito de peculado, que lo conduciría hasta prisión.
El expediente ya está en manos de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado.
Ante ello, el edil ya pidió auxilio a varios legisladores federales del PRD, tras no lograr solventar las observaciones señaladas por el OFS en la última prórroga respecto a su primer ejercicio anual.
Abordado por Agencia SPP, Bulmaro Torres afirmó que ha solicitado la asistencia de la bancada del diputado federal Miguel Ángel Peña Sánchez, del senador José Guadarrama Márquez y de la diputada local Tatiana Ángeles.
Mientras los expedientes examinados por el OFS fueron rechazados por presentar dos inconsistencias, el alcalde sostuvo que las observaciones “ya han sido perfectamente comprobadas ante las instancias correspondientes”.
Una de las observaciones corresponde a una erogación de 97 mil pesos, que fue utilizada para la adquisición de materiales eléctricos para el mejoramiento en la infraestructura del alumbrado público de la cabecera municipal.
"Es una observación anormal", asestó el edil.
"La gente de la Contraloría vino a ver los alumbrados y vio en dónde están las lámparas y todo lo que compramos. No sé por qué nos sale con que no hemos comprobado eso", infirió.
En el segundo caso, se trata de un señalamiento por 46 mil pesos destinados a la red de drenaje.
"La gente de la Coordinación Regional determinó la cantidad para el drenaje, pero lo hicieron mal y se necesitó más. Ahora resulta que nosotros gastamos de más, cuando la culpa es suya por no calcular bien", sustentó.
Existe más sin comprobar
Hace unos meses, el OFS recomendó investigar el paradero de 809 mil pesos, cuyo gasto no ha sido comprobado. En ese momento, Bulmaro Torres aseguró que el dinero fue ejercido de manera transparente, y ya había sido justificado, sólo quedaba por transparentar un remanente de 25 mil pesos.
La suma de 809 mil pesos proviene de tres montos no comprobados: una transferencia no autorizada de 784 mil pesos, y dos gastos por 11 mil y 14 mil pesos.
Los 784 mil pesos corresponden a una transferencia de recursos federales que Bulmaro Torres, a título personal, ordenó hacer de un fondo a otro, para solventar ciertos gastos.
El edil resolvió la transmisión económica sin la vista y el consentimiento del Ayuntamiento, cuya connivencia es imprescindible.
Sin embargo, Torres Rosales justificó que la imprevisión quedó solventada a través del “Acta de Asamblea que ya fue firmada por los munícipes, y se la entregamos a Quintín Hidalgo”, dijo en ese entonces, aunque luego reconoció que el documento fue emitido de forma extemporánea.
Para las observaciones del OFS, no existieron las facturas que demostraban que efectivamente se hizo el gasto.
Documentación “falsa”
Por otra parte, cabe recordar que en mayo de 2006, Bulmaro Torres fue acusado por regidores de adquirir facturas falsas en el conjunto tipográfico de Santo Domingo, en la Ciudad de México, a fin de comprobar en su Cuenta Pública un sinnúmero de gastos injustificados.
Sin embargo, a pesar de esos señalamientos, las acusaciones no han sido confirmadas hasta ahora por regidores del PRI y PVEM.
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