EMILIANO ZAPATA, Hgo.- (Octubre 22, 2007) No estalló el movimiento rojinegro previsto para el mediodía de ayer, entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Emiliano Zapata y la alcaldía.
La fecha límite para la revisión de las condiciones generales de trabajo expiró ayer, pero Presidencia Municipal y el Sindicato acordaron postergar por diez días la fecha en que deberán cumplirse las demandas de la base trabajadora.
Algunos puntos del pliego petitorio sindical son: que les devuelvan las 14 plazas de base que les arrebataron y que a decir del líder, Antonio Fernández, han sido otorgadas a personas ajenas al gremio.
El segundo punto de su pliego petitorio es la solicitud del 20 por ciento de aumento salarial directo al tabulador. “Este punto es negociable, por supuesto”, aclaró Fernández.
Otra petición es incrementar los apoyos para canasta básica. “Pedimos que pase de 230 a 350 pesos, que se nos dan cada mes”, ahondó.
El quinquenio es una prestación que consiste en un incremento aplicable cada cinco años al salario de los trabajadores. El sindicato ha hecho la petición para que pase, del 6 por ciento actual, a 9 por ciento.
Mejorar la atención médica que reciben los trabajadores es otra de sus exigencias. “Queremos que nos de atención la doctora Marisela Galicia portillo”, detalló.
Los últimos dos puntos de su pliego petitorio son: acrecentar tanto el aguinaldo de fin de año como el periodo vacacional. “Aumento de 20 días en el aguinaldo. Y en vacaciones, aumento de días: tenemos dos periodos de 10 días, pedimos 5 más”.
Para las autoridades municipales, “el pliego de peticiones es excesivo”.
El alcalde, Bulmaro Torres, considera que las pretensiones de los sindicalizados rebasan “por mucho, la cordura”.
Incluso, el edil reveló que ha recibido amenazas de huelga por parte del Sindicato, si no son devueltas las 14 plazas sindicales que se ha apropiado la administración municipal.
Explicó que estas plazas corresponden a los despidos de 5 personas, lo mismo que a la renuncia y al fallecimiento de otros trabajadores, pero cuyas esposas están cobrando la pensión debida.
Pues bien, Torres Rosales juzgó que no puede plegarse a esas exigencias, “porque llevarían a la quiebra las finanzas del municipio. Significaría dejar de hacer obra y reducir la calidad de los servicios a la población”.
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