APAN, Hgo.- (Noviembre 22, 2007) La presidenta del Sistema DIF-Hidalgo, Laura Vargas de Osorio, inauguró la Subprocuraduría Regional de la Defensa del Menor y la Familia del Distrito de Apan. Esta sede ocupará el octavo lugar en el estado.
Esta nueva dependencia de justicia persigue acercar las instancias de justicia a la población, dado que un alto número de ciudadanos no realiza denuncias, debido a las largas distancias que deben recorrer hasta la capital hidalguense, donde se localizan las oficinas centrales gubernamentales.
Ante una asistencia cercana a las 300 personas, donde 80 por ciento eran mujeres, Laura Vargas explicó la razón por la que se instaló la oficina precisamente en Apan.
Dijo que la ubicación de debe a que los juzgados de primera instancia del ramo civil, penal y familiar se encuentran en esta cabecera de distrito.
Además, Vargas de Osorio afirmó que los sistemas DIF de los cinco municipios del Altiplano registran un sinnúmero de demandas relacionadas con maltratos contra menores y mujeres.
Entrevistado antes del evento, el alcalde de Tepeapulco, Odilón Sánchez Silva, explicó que estas instancias alientan la cultura de la denuncia.
“Muchas veces los afectados prefieren callar que trasladarse a otras ciudades para iniciar sus querellas”, dijo.
Agregó que con estas acciones, el gobierno estatal busca, también, un acercamiento entre la sociedad y sus autoridades.
En tanto, Rafael Garnica Alonso, presidente municipal de Apan, resaltó la sensibilidad de la primera dama de Hidalgo, tras emprender un nuevo programa de justicia para la ciudadanía de la región. Su esposa, Tamara Samperio, hizo un reconocimiento a Vargas de Osorio por su atinada intervención a las demandas más sentidas de la población.
Hasta el momento, se han realizado 36 mil asesorías jurídicas en las Sub-Procuradurías de este tipo instaladas dentro del territorio hidalguense. Además, se iniciaron 839 juicios familiares.
Al referirse a la importancia de incrementar esta clase de instrumentos jurídicos en el estado, Laura Vargas deseó que los 121 mil 462 habitantes que conforman la población del Altiplano se “sientan más protegidos, pero ojalá y nunca tengan que ocupar estos servicios”, dijo.
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