CIUDAD SAHAGÚN, Hgo.- El próximo 2 de noviembre podría quedar abolido definitivamente el Contrato de Arrendamiento que existe entre el Grupo Industrial Saltillo y los ex trabajadores de la extinta Motor Coach Industries.
En la asamblea de este fin de semana, los representantes de los ex obreros informaron que el pasado 2 de octubre hicieron llegar al Grupo Industrial Saltillo una notificación de Recesión de Contrato por el incumplimiento de pago en el arrendamiento de las instalaciones fabriles.
Si al cabo de un mes no han pagado la suma de 19 millones que les adeudan por la renta del inmueble y otros conceptos, revocarán definitivamente el Contrato de Arrendamiento.
En esos términos se manifestaron los ex trabajadores de la quebrada compañía de autobuses.
Y es que poner un ultimátum a la empresa es una decisión que tomó la Asamblea por un recelo que tienen desde hace tiempo, producto del fraude que en 2003 les cometió Rodrigo García de Ochoa, dueño de la compañía regiomontana Frontera Tren Motriz, que utilizó las instalaciones, sustrajo equipo y nunca pagó.
De invalidarse el presente Contrato de Arrendamiento, se vendrían abajo las negociaciones que han tomado varios meses entre el sindicato y el Grupo Industrial Saltillo para concretar en un futuro la venta definitiva del inmueble valuado en casi 250 millones de pesos.
No obstante, para tranquilidad de los obreros, sus representantes informaron que existen otras ofertas, por lo que no quedarán a la deriva, como podrían pensar muchos.
En la asamblea de este fin de semana, los representantes de los ex obreros informaron que el pasado 2 de octubre hicieron llegar al Grupo Industrial Saltillo una notificación de Recesión de Contrato por el incumplimiento de pago en el arrendamiento de las instalaciones fabriles.
Si al cabo de un mes no han pagado la suma de 19 millones que les adeudan por la renta del inmueble y otros conceptos, revocarán definitivamente el Contrato de Arrendamiento.
En esos términos se manifestaron los ex trabajadores de la quebrada compañía de autobuses.
Y es que poner un ultimátum a la empresa es una decisión que tomó la Asamblea por un recelo que tienen desde hace tiempo, producto del fraude que en 2003 les cometió Rodrigo García de Ochoa, dueño de la compañía regiomontana Frontera Tren Motriz, que utilizó las instalaciones, sustrajo equipo y nunca pagó.
De invalidarse el presente Contrato de Arrendamiento, se vendrían abajo las negociaciones que han tomado varios meses entre el sindicato y el Grupo Industrial Saltillo para concretar en un futuro la venta definitiva del inmueble valuado en casi 250 millones de pesos.
No obstante, para tranquilidad de los obreros, sus representantes informaron que existen otras ofertas, por lo que no quedarán a la deriva, como podrían pensar muchos.
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